El sector público tiene un rol clave en habilitar y acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios en América Latina, asegurando condiciones favorables y apoyo estructural para que las personas productoras puedan adoptar modelos regenerativos de manera viable y sostenible. Los gobiernos tienen el poder y la responsabilidad de liderar este proceso. Una acción decidida puede permitir que la producción agroalimentaria responda a la creciente demanda global, preserve y restaure los ecosistemas y fortalezca la resiliencia de las comunidades rurales. Para ello, es fundamental reorientar las políticas públicas, garantizar financiamiento adecuado y establecer condiciones habilitantes que permitan a las personas productoras adoptar prácticas regenerativas.